Guadalupe Saldaña Cisneros, senadora por Baja California Sur, afirmó que las disposiciones implementadas por el Gobierno federal para la aplicación de la vacuna contra el Covid- 19 demostraron estar plagadas de irregularidades, por lo que se vulneran los derechos del personal de salud.
“El 100 por ciento de las vacunas que se recibieron en Baja California, en la primera entrega que fue de apenas 4 mil 875 dosis, debió haberse aplicado exclusivamente al personal de salud de los 16 hospitales públicos que están distribuidos en los municipios de Mulegé, Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos. Ningún brigadista, siervo o no siervo de la nación, o persona de cualquier nivel jerárquico, debió desplazar al personal médico”, denunció.
Al respecto, dijo, el GPPAN había anticipado que la aplicación de la vacuna se estaba utilizando “con fines electoreros para favorecer el voto morenista”, que abarcarían a 22 mil promotores de Morena, los que se estarían incluyendo en la primera etapa, incluso antes que el propio personal de salud o las personas mayores.
Sobre el particular, Lupita Saldaña coincidió con la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en Baja California Sur, quien calificó de “inaudito e incongruente” que la Secretaría de Salud federal contemplara de manera exclusiva 14 instituciones de salud, dejando fuera al personal del Hospital General Juan María de Salvatierra ubicado en la ciudad capital y que da atención a toda la entidad.
La legisladora respaldó la queja y declaró que las imposiciones del Gobierno federal, “son una bofetada” para la base trabajadora del sector salud.
“En Baja California Sur el Consejo Estatal de Vacunación funciona de manera ininterrumpida desde los años 90´s. Se cuenta con personal capacitado, gente experta que durante años ha llevado de manera exitosa todas las campañas de vacunación, hacerles a un lado y colocar por encima personas contratadas bajo la modalidad de “siervos”, sin un perfil y conceder privilegios por militancia de partido va mucho más allá de una omisión”, señaló.
La senadora recordó que desde el 4 de enero presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para exigir que la vacuna no se utilizara con fines electorales y para que se distribuyera
a través del Sistema Nacional de Salud, mediante el Programa de Vacunación Universal que había funcionado con tanto éxito en nuestro país.
Baja California Sur recibió el 12 de enero 4 mil 875 dosis que se aplicaron en 48 horas al personal seleccionado de 14 hospitales públicos. La Senadora añadió, que el Gobierno federal incumplió con la fecha de la segunda entrega.
“Atender de manera prioritaria a quienes llevan casi 1 año dando la vida por el prójimo es lo mínimo que debemos hacer. Ni una dosis debe regatearse o desviarse. No hay nivel jerárquico de gobierno, ni militancia de ningún partido, que deba ocupar una posición de privilegio. El personal de salud de todo México es quien ha estado en la primera línea de batalla y debe considerar desde quienes están en camillas, el aseo de quirófanos, la lavandería de los hospitales y por supuesto el área médica y de enfermería”, concluyó.
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